Tutela contra el presidente Iván Duque

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La Tutela se fundamentó en que el 22 de abril pasado, congresistas le enviaron al presidente la solicitud del envío de un informe sobre las acciones tomadas durante la cuarentena, pero no hubo respuesta.

La acción de tutela fue  radicada por 30 congresistas de las bancadas alternativas y de oposición contra el presidente de la República, Iván Duque, argumentando que se está limitando la actuación del Congreso.

De acuerdo con el segundo vicepresidente del Senado, Alexander López, el presidente violó los derechos fundamentales al debido proceso, el deber de control político en Estados de Emergencia, así como el principio de “democracia participativa”.

Agregó además el senador  Alexander López, hasta la fecha el mandatario Iván Duque no ha enviado el informe; por lo cual, asegura el congresista, el presidente vulnera los principios democráticos y actúa de manera ilegal.

«Instauramos una acción de contra el presidente Duque y su gobierno, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque consideramos que se ha violentado el derecho fundamental al debido proceso, pero también al mandato constitucional que le otorga al Congreso de ejercer el control político», señaló el senador.

Explicó que «ante los 109 decretos ordinarios y legislativos que se han expedido, el Congreso no ha podido cumplir cabalmente con sus funciones. Es por ello, que esta acción de tutela busca garantizar el equilibrio que debe exigir en un Estado social de derecho».

“El no envío del Informe por parte del Gobierno Nacional, es una clara vulneración al principio democrático, y de manera inmediata establece una limitación al Congreso de la República, por cuanto en los estados de excepción los senadores y representantes a la Cámara, cumplimos una función democrática de contrapeso al poder ampliado que adquiere el Presidente.

Pero, adicionalmente, se pretende que, con ocasión del mismo, se adelante en el seno del Congreso, sede natural del diálogo y de la deliberación nacional, un debate sobre la específica problemática que originó el correspondiente estado de excepción”, se lee en el comunicado de prensa publicado.

Además dejan claro que el objetivo es ventilar públicamente responsabilidades, examinar causas, estudiar diferentes alternativas y promover a futuro los cambios y medidas que se juzguen más convenientes.

Según el artículo 215 de la Constitución Política, el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, y la Ley 5 de 1992; Art 254, cuando el presidente de la República declara Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, tiene la obligación de enviar al Congreso un informe motivado sobre las causas que determinaron dicha declaratoria y, en consecuencia, las medidas adoptadas.

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