Terremoto político y jurídico por fallo de la Corte sobre la protesta

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Ahora el ministro de Defensa deberá enfrentar dos debates en el Congreso.

La agitación adquirió mayor fuerza el martes, al conocerse un fallo de tutela emitido por la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Gobierno implementar un protocolo para proteger el derecho a la protesta social.

En el fallo, calificado por varios juristas como “histórico”, el máximo tribunal dijo que hay “una sistematicidad” en las formas como las fuerzas del Estado han reprimido ese derecho, por lo que dio 14 órdenes a las autoridades para blindarlo. Algunas de enorme peso simbólico, como el de pedir perdón, en particular, por las acciones ocurridas durante las manifestaciones de noviembre del 2019, en el marco del llamado paro nacional.

En una primera reacción, el presidente Iván Duque ordenó una reunión de urgencia en la Casa de Nariño. La cita se realizó al albor del miércoles y en esta participó, entre otros altos funcionarios, el ministro de Defensa.

El Ejecutivo subrayó algunos puntos de la decisión, y especialmente los expresados por los dos magistrados que salvaron el voto. Por lo que la famosa expresión ‘choque de trenes’ volvió a estar sobre la mesa.

Y mientras que los partidarios del Gobierno hablaban de una extralimitación por parte de la Corte y una posible violación de las fronteras de la separación de poderes, desde otras orillas se alertaba sobre los riesgos de un desacato del Ejecutivo y de las consecuencias que esto podría tener para la institucionalidad, algo que la administración Duque descarta al afirmar que está cumpliendo con la sentencia.

Lo cierto es que la pugna, que venía de meses atrás entre el ministro de Defensa y sectores de la oposición, tuvo un punto de inflexión. Atrás quedaban las semanas de discusión por dos temas de su cartera. Uno, el aval que debía dar el Senado a la misión militar de asesoramiento de Estados Unidos en Colombia, que le costó tres debates. Y dos, las dramáticas masacres con jóvenes como víctimas principales. Según el recuento de organizaciones de derechos humanos, solo en este año van 62.
Con el fallo de la Corte Suprema, los acontecimientos adquirieron una nueva intensidad.

Ha sido un septiembre turbulento. El miércoles 9, el país se despertó conmocionado con las imágenes, grabadas con un celular, del sometimiento con descargas eléctricas en el asfalto de una calle de Bogotá de Javier Ordóñez, por parte de dos policías.

Un episodio de brutalidad policial que le costó la vida a Ordóñez por los múltiples y severos golpes que luego recibió en el CAI al que fue trasladado en calidad de detenido. Esa noche se vivió una violenta jornada de protesta que, al final, arrojó 14 civiles muertos, 72 heridos de bala y 69 CAI destruidos total o parcialmente.
Las múltiples imágenes de policías disparando –sin que se pueda descartar que otros actores lo hayan hecho– atizaron el clima de indignación
.

Con esta coyuntura, las organizaciones que promovieron el paro nacional del 21 de noviembre convocaron otra jornada el lunes 21 de septiembre. A los reclamos del pasado le sumaron el rechazo a la brutalidad policial.

Aunque fueron menores en participación, la sensación de desconfianza entre un amplio sector de la sociedad y la Fuerza Pública quedó retratada. De hecho, en diciembre, 49 personas, entre miembros de organizaciones sociales, estudiantes, docentes y víctimas de abuso policial, fueron hasta el Tribunal Superior de Bogotá e interpusieron una tutela para “proteger sus derechos fundamentales a la protesta, la vida, la integridad personal, la libertad y a no sufrir desaparición forzada”. Y la Corte Suprema respondió a ella de la manera ya mencionada, generando aplausos en unos y resquemores en otros.El eje de la responsabilidad

Tanto el presidente Duque como el ministro de Defensa se la jugaron a fondo por el buen nombre de las Fuerzas Armadas con la tesis de que si ha habido actos que no corresponden a lo que ordena la Constitución, deben recibir un tratamiento individual y no general. Y usaron, otra vez, la metáfora de las manzanas podridas.

“¿Cuántos policías hay en Colombia? ¿Cuántos años tiene la Policía Nacional?”, pregunta Hassan Nassar, alto consejero de Comunicaciones de Palacio. “Son unas 150.000 personas con casi 130 años de historia”, responde. “¿Entonces vamos a responsabilizar a todos ellos por las muy graves acciones de un puñado? No. Y en eso el Presidente es categórico”.

En medio de esta controversia hay voces que hablan de la posible aspiración presidencial del ministro de Defensa en 2022. Es pública su relación de amistad y de sintonía política con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con algunos de los más caracterizados líderes del partido Centro Democrático.

De hecho, a lo largo de esta semana Trujillo se mostró más vehemente en las redes sociales en su confrontación con Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo, los dos aspirantes a la presidencia por la izquierda. Ambos ahora lo esperan en el Congreso, con un debate por la seguridad en el país –previsto para el 13 de octubre de manera presencial– y una moción de censura en la que se decidirá si el funcionario debe separarse del cargo o no.

Y mientras el alto Gobierno defendía el argumento de que la “protesta pacífica está garantizada” y que los uniformados que violen la ley “son individualizados y sancionados”, se produjo el crimen de Juliana Giraldo Díaz, de 35 años, en una carretera en el Cauca, por un soldado del Ejército Nacional.

Francisco Larrañaga, su pareja, en su primera reacción, tomó su teléfono para grabar al autor del hecho. De esta manera, el impacto por estos sucesos fue transmitido al país entero, abriendo una nueva polémica en torno a las Fuerzas Militares.

En el marco de este debate, los más críticos buscan culpables en instancias superiores y hablan, incluso, de que se trata de una política de Estado. Señalamientos que Duque y Trujillo rechazan de tajo.

El Estado colombiano ha sido siempre respetuoso de la libre expresión ciudadana pacífica”, dijo en Caracol Televisión el Presidente. “Las conductas” en la Fuerza Pública cuando alguien “transgrede la ley” tienen que ser “individualizadas” y “siempre hemos sido los primeros en señalarlas. Lo hemos hecho oportunamente”, argumentó el jefe del Estado.

“Hemos sido claros que debe haber cero tolerancia con cualquier conducta que sea contraria a la ley”, agregó. “Tenemos que ser claros en que no se puede satanizar ni demonizar la figura de la institución de la Fuerza Pública, que son hombres y mujeres que todos los días se entregan por el bienestar de los colombianos”, agregó.

Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, ciudad donde han ocurrido algunas de las acciones más violentas, dijo: “Negar los abusos de miembros de la Fuerza Pública abre la puerta a nuevos abusos. Pedir perdón en genérico por ‘cualquier violación a la ley’ es lo mismo que nada. Esa actitud negacionista del Gobierno está llevándose por delante la legitimidad de las Fuerzas Armadas”.

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