Revocatorias en pandemia: ¿una figura inconveniente?

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Con audiencia de los alcaldes Claudia López y Daniel Quintero se inició un proceso muy controversial.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se empezaron a jugar el pasado 25 de enero buena parte de su futuro en el cargo. Ambos mandatarios fueron citados por el Consejo Nacional Electoral a audiencia pública para que expusieran su defensa ante los procesos de revocatoria que se iniciaron en su contra desde comienzos de este año. En el mismo proceso se encuentran más de 30 alcaldes del país.

Más allá de que la revocatoria es un mecanismo consagrado en el ordenamiento colombiano, y se convierte en un contrapeso a los mandatarios del país, son varios los expertos que aseguran que promover este tipo de iniciativas en este momento es inconveniente, no solo porque implica recoger firmas y eventualmente convocar a la ciudadanía a las urnas en plena época de pandemia, sino que esto conlleva también un gasto de los recursos del Estado.

La Red Nacional de Veedurías emitió un comunicado en el que advirtió sobre lo que consideran un derroche de los recursos públicos en medio de la crisis económica y sanitaria que enfrenta hoy Colombia.

Según la Red de Veedurías, los procesos de revocatoria le costarían al país unos 150.000 millones de pesos. “Son dineros con los que se pueden comprar cerca de 15 millones de vacunas para salvar vidas de la gente”, advirtió la organización.

El docente de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado Carlos Arias advierte que muchos de los intentos de revocatoria corresponden más a mecanismos de populismo electoral contra los gobiernos de turno.

“Cuando se plantea una revocatoria tiene que ser con base en el incumplimiento del plan de gobierno, no en la crítica a fenómenos de coyuntura. Por ejemplo, que Claudia López se haya ido de Bogotá sin conocer los subregistros de las UCI, pues es algo negativo, pero nada tiene que ver con un incumplimiento”, señala Arias.

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