Ley de borrón y cuenta nueva sigue estancada, le contamos por qué

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La norma busca que quienes se pongan al día sean eliminados de las centrales de riesgo.

La llamada ley de borrón y cuenta nueva o de habeas data, que permite que millones de colombianos sean eliminados de las centrales de riesgo, sigue estancada en la Corte Constitucional y lejos de ver una luz al final del túnel, a pesar de haber sido aprobada en su totalidad por el Congreso en junio del año pasado.

Por tratarse de una ley estatutaria, de acuerdo con lo que indica el artículo 152 de la Constitución Nacional, esta norma debe ser revisada por la Corte Constitucional antes de pasar a ser sancionada por el Presidente de la República.

No obstante, ocho meses después de haber sido aprobada, la ley no se ha podido poner en vigencia debido a que, según explicó el congresista César Lorduy, quien fue ponente de esta ley, el estudio en la Corte Constitucional “está varado porque faltan algunos documentos que fueron solicitados a la Cámara de Representantes, que aspiramos que se puedan allegar rápidamente, porque 8 millones de colombianos esperan la ley”.

Efectivamente, el alto tribunal le solicitó a la Cámara de Representantes las actas de las sesiones en las que se aprobó esta norma.

Sin embargo, la Secretaría de la Cámara le respondió a la Corte que dos de las actas solicitadas, de sesiones realizadas en mayo del año pasado, “no han sido aún publicadas en la Gaceta el Congreso debido a que se encuentran en proceso de edición en la Imprenta Nacional de Colombia”.

Igualmente “el Acta de Plenaria No. 130 del 27 de mayo de 2020, en donde fue discutido, aprobado para segundo debate el proyecto de interés en plenaria de la Corporación, aún se encuentra en periodo de elaboración en la Sección de Relatoría”.

La ley de borrón y cuenta nueva, según dijo el senador David Barguil, coautor de la norma, beneficiará a, «entre 7 y 8 millones de colombianos que volverán a acceder a crédito formal, convirtiéndose en una de las iniciativas de mayor importancia para la reactivación económica del país dada la crisis generada por el Covid-19».

Esto, debido a que se trata de una «amnistía», por única vez, para quienes se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia de la ley o ya lo hayan hecho con anterioridad. Saldrán de las Centrales de Riesgo en máximo seis meses.

En el universo de beneficiados estarían estudiantes con créditos educativos del Icetex, pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado que extingan su deuda saldrán inmediatamente del reporte negativo.

De igual manera, las personas que tengan deudas inferiores al 15 por ciento del salario mínimo (menos de $ 131.670) recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente.

Así mismo, se indica que todo dato negativo caducará una vez cumplido el término de 8 años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación. Cumplido este término, el reporte negativo deberá ser eliminado. Esto no significa que la obligación prescriba.

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