El preocupante expediente de la corrupción en medio de la crisis por la pandemia

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El gobernador del Chocó, Ariel Palacios, alcanzó a estar 115 días en su cargo y es el primero de los gobernadores elegidos el año pasado que es separado temporalmente de su puesto, señalado de graves irregularidades en el manejo de los recursos para enfrentar la emergencia del coronavirus.

La Procuraduría ya había suspendido al alcalde de Calarcá, Quindió, Luis Alberto Balsero, por un millonario contrato suscrito en plena emergencia.

En este momento, el gobernador Palacios fue suspendido, también por el ente de control,durante tres meses, y esa decisión es apenas la punta del iceberg de un expediente penal, fiscal y disciplinario que terminaría por enredar a varios mandatarios y a funcionarios de entidades públicas en todos los niveles.

El gobernador del Chocó participó en la firma de un contrato por 2.000 millones de pesos que, con la justificación del coronavirus, serían usados para la realización de ciclos educativos y campañas de difusión, cuando el departamento necesitaba recursos para la atención de pacientes y elementos de protección para los médicos.

El Ministerio Público consideró que él podría incurrir en la firma de nuevos contratos, por lo que notificó al presidente Iván Duque de su suspensión. En la investigación se lee que la fundación contratada no cumplía los requisitos para la adjudicación, que “no era para una actividad urgente ni relacionada con la emergencia”.

Y aunque Palacios es el primer gobernador que enfrenta una sanción, ya hay una larga fila de mandatarios que serán citados a dar explicaciones y sobre los que hay investigaciones abiertas. En la dirección delegada ante la Corte de la Fiscalía hay procesos en los que aparecen los gobernadores de Vichada, Arauca, Magdalena y San Andrés, y están a punto de abrirse investigaciones penales contra otros tres mandatarios departamentales.

Al mismo tiempo, contra gobernadores en la Procuraduría hay 24 procesos disciplinarios en 14 gobernaciones, más de 70 casos en 56 municipios y 24 expedientes en entidades del orden nacional por irregularidades en la contratación y sobrecostos vinculados a la emergencia.

En las investigaciones de las tres entidades figuran nombres comunes como el del gobernador de Arauca, Facundo Castillo, y cinco de sus funcionarios, quienes son investigado por dos contratos: uno para realizar actividades artísticas y eventos en medio de la pandemia, por 570 millones de pesos, y el otro por los sobrecostos en los mercados en los que se encontraron, entre otras, latas de atún a 20.000 pesos.

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