Denuncia de chuzadas a la Comisión Internacional de Derechos Humanos

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ante el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao presentaron denuncia tres senadores: Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras por los perfilamientos y chuzadas a sus comunicaciones que se ha venido haciendo por parte de organismos de inteligencia militar del país.

Los denunciantes consideran que son acciones ilegales sobrepasan la vulneración a la privacidad y pone en riesgo a las víctimas de los seguimientos, debido a que varios de ellos tienen intereses en investigaciones de los casos de falsos positivos.

Los denunciantes buscan que el órgano internacional conozca toda la información referente al caso para que sea considerada en el contexto de las medidas de protección relativas a Colombia y a las personas afectadas por estos hechos: “Colombia debe dejar atrás las prácticas de persecución ilegítima de personas involucradas en actividades de defensa de derechos, de impulso del debate público y de control político

La carta presenta tres puntos clave que los senadores consideran la CIDH debe tener en cuenta:

1. Contexto de las interceptaciones y escuchas ilegales a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y políticos/as en Colombia.

Se le manifiesta a la CIDH que Colombia tiene una larga historia de acciones ilegales de inteligenciaen contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y políticos/as, que han sido reconocidas por Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

2. Hechos recientes que revelan la persistencia de un plan sistemático en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y políticos

Los senadores se refirieron al informe previo a las ‘Carpetas Secretas’, que publicó el mismo medio en enero de este año, en el que se reveló el uso de fondos provenientes de Estados Unidos para realizar seguimientos e interceptaciones por parte de la inteligencia militar a personas vinculadas con la negociación de Acuerdos de paz en Colombia.

Estas acciones son de extrema gravedad y constituyen una abierta violación a nuestros derechos y una agresión al libre ejercicio de la política, del periodismo y de la defensa de los derechos humanos en Colombia.

3. Solicitudes urgentes

Los firmantes de la carta solicitaron la adopción de una serie de medidas urgentes que, consideran, el Estado colombiano debe cumplir.

1. Hacer pública la lista de las personas objeto de acciones de vigilancia realizadas como parte de investigaciones o perfilaje en consulta con las personas afectadas.

2. Informar de manera inmediata a todas las personas afectadas por el esquema de espionaje y compartir la totalidad del material recogido sobre cada personacon ellas/os de manera directa o a través de sus representantes legales.

3. Difundir públicamente

a. ¿Cuántas personas han sido objeto de este plan y la información general sobre sus perfiles? Por ejemplo, profesión u ocupación, ciudades o lugares de residencia.
b¿Qué criterios se utilizaron para la selección de las personas y como se justificó cada caso?

c. ¿Quién o quiénes ordenaron estas labores?

d. ¿Quién o quiénes realizaron estas labores?

e. La metodología de la recolección de la información y cualquier sustento jurídico alegado.

f. Los recursos técnicos y humanos utilizados para su realización.

g. Las fuentes del financiamiento de estas labores y de los recursos técnicos utilizados, explicando si fueron utilizados recursos de cooperación internacional de Estados Unidos o de otro país.

h. ¿Existió cooperación de expertos/as o empresas extranjeras en las labores?

4. Que los hechos sean investigados de manera diligente e inmediata por las autoridades competentes. Como mínimo, ello implica que la actuación vigorosa de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.


5. La magistrada Cristina Lombana, quien habría sido objeto del esquema de espionaje al mismo tiempo que adelanta la investigación y no se ha declarado impedida para instruir esta actuación, debe ser separada de la instrucción, así como de las deliberaciones y decisiones que se tomen en Sala colegiada por la Corte Suprema de Justicia, sobre esta investigación.

Solicitan ademásla Comisión de la CIDH que adopte medidas que aseguren que el Estado avance en acciones urgentes de esclarecimiento de la verdad, la justicia, y la no repetición, y que se garantice el derecho a la libertad de expresión, a la vida y a la defensa de derechos de las personas y colectivos afectados. En específico, pidieron tres cosas. Así se lee en la carta:

1. Priorizar las solicitudes de protección de personas afectadas por las acciones ilegales de vigilancia que se presentan o que se encuentran en trámite, teniendo en cuenta que estos hechos conllevan a la presunción prima facie de una situación de gravedad, urgencia y la posibilidad de daño irreparable. Las medidas ordenadas deberían requerir medidas concertadas con las personas objeto del espionaje y la investigación de los hechos.

2. Requerir que el Estado colombiano publique la información señalada.

3. Realizar una reunión para escuchar a las personas afectadas por estas acciones.

Finalmente, pidieron que la Comisión conforme un grupo independiente de investigación y veeduría internacional, que esté compuesto por expertos “con competencia en la investigación de crímenes complejos, con la participación de la fuerza pública y cuerpos de inteligencia. Este grupo debería contar, de ser posible, pero no como condición precedente, con la plena cooperación del Estado colombiano”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Le puede interesar...

Síguenos

Categorias

Video