Coronavirus y Política

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Ayer se cumplió un mes del primer caso de diagnóstico de coronavirus en Colombia, el de una joven que había estado de viaje en el exterior. Para ese 6 de marzo, ya había amplia información en el país sobre la propagación del virus en China y en Europa –propagación que a los pocos días sería declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud– y las autoridades en Colombia, en particular el Ministerio de Salud y Protección Social, anunciaron que estaban listos unos protocolos de actuación, consensuados con las secretarías de Salud departamentales y de las principales capitales.

El país contó con algunos días de gracia en que se siguió la situación en países como Italia, Francia y España, en los que la curva de contagio se empinó de forma alarmante al punto de obligar al confinamiento de buena parte de sus poblaciones y a la práctica paralización de su actividad económica, empresarial e industrial. De la perplejidad inicial en Colombia, y de unas opiniones erradas de supuestos expertos que insistían en que el asunto no era para tanto, hubo de pasarse en cuestión de días a la adopción de unas primeras medidas restrictivas para la movilidad y concentración de personas en sitios públicos, al cierre de fronteras, suspensión de vuelos y, hasta ahora, el confinamiento hasta nueva orden.

Para la gestión de una crisis semejante y para las decisiones sobre las pautas a seguir, la ciudadanía espera claridad de mando, ejercicio de la autoridad y uso de las atribuciones constitucionales y legales que entregan herramientas de acción al Gobierno. Eso se ha hecho. El presidente Iván Duque ha ejercicio un liderazgo sereno, ha hecho presencia constante a través de los canales informativos de divulgación y ha explicado que las consecuencias del covid-19 serán de muy largo plazo. No han sido pocas ni menores las presiones sobre el presidente y el Gobierno, atendiendo por un lado la situación del sector salud y sus crónicos problemas acumulados, así como de los agentes económicos que ven en el panorama inmediato el riesgo cierto de parálisis y colapso financiero ante la forzosa cuarentena.

Y mientras el presidente y su equipo de gobierno expiden a diario las reglas bajo el amparo del estado de emergencia económica y social para habilitar herramientas de cobertura en salud y de ayudas económicas, los gobernadores y alcaldes tienen que enfrentar también los retos para atender las necesidades de sus comunidades. Muchos saben que una curva incontrolable de contagios colapsará en cuestión de horas sus entidades de salud. Y para gestionar sus requerimientos unos han elegido el trabajo conjunto con el Gobierno central, otros la figuración con miras a un estrellato que solo conviene a sus propósitos individuales de posicionamiento electoral futuro.

En el caso particular de Bogotá, tan significativo para el resto del país por su peso en población, capacidad institucional, cubrimiento noticioso y aporte al PIB nacional, la alcaldesa Claudia López ha asumido con decisión el reto de proteger a su población pero, a la par, da muestras de haber mordido el anzuelo lanzado por aquellos que quieren convertir la gestión de esta crisis en una competencia de liderazgos y en un pulso entre ella y el presidente Duque. Al creerse esa fábula electoralista, ha cometido y podría seguir cometiendo errores, pues el afán de figuración subordina y entorpece el buen juicio para la correcta definición y ejecución de políticas públicas que ayuden a sortear esta crisis con buenas dosis de acierto.

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