Consejo de Estado falla de nuevo contra Janssen por contratos de vacunas

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Se negaron, en procesos separados, tutelas en contra de órdenes del tribunal de revelar contratos.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno a revelar los contratos firmados para la adquisición de las vacunas contra el covid-19 en dos decisiones diferentes fechadas los días 11 y 13 de mayo, que correspondieron a análisis de recursos presentados por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción y el abogado Ramiro Bejarano, respectivamente.

Contra esas decisiones, Janssen Cilag S.A presentó dos tutelas diferentes ante el Consejo de Estado que fueron negadas.

La primera la reveló ayer 11 de agosto. La segunda, en poder de este diario, tiene un elemento clave pues levanta la suspensión provisional de la orden que había emitido el Tribunal.

¿En qué consiste este embrollo? Janssen Cilag S.A presentó dos tutelas. Una contra el fallo que favoreció al Instituto y otra contra el que favoreció al abogado Ramiro Bejarano. Ambas decisiones del Tribunal ordenaron, en esencia, lo mismo: entregar los contratos firmados por la Unidad de Gestión del Riesgo y por la Fiduprevisora.

Las tutelas le correspondieron a los magistrados Sandra Ibarra y Gabriel Valbuena y fueron apoyadas por AstraZeneca y Pfizer, así como por el Gobierno, argumentando que los contratos son reservados, que su publicación tiene riesgos para las empresas y para el Plan de Vacunación y que, ninguna de las farmacéuticas pudo defenderse en los procesos en el Tribunal.

En el proceso que cursó en el despacho de la magistrada Ibarra se ordenó la suspensión provisional de la orden del Tribunal el 28 de mayo de 2021, cosa que no sucedió en el proceso a cargo del magistrado Valbuena. En todo caso, ambos fueron negados. ¿Por qué? EL TIEMPO le explica.La primera decisión

Al estudiar la tutela promovida por Janssen contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación con el estudio del recurso de insistencia del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, el alto tribunal señaló que la tutela no procede porque en el tribunal está pendiente de resolverse un recurso de nulidad y de aclaración que interpuso el gobierno contra ambas decisiones.

Lo anterior, por las características del recurso de insistencia que interpuso el Instituto ante la negativa del Gobierno de entregarle los contratos en derecho de petición: «Si bien el objeto del recurso de insistencia es validar o no la restricción de acceder a una información al ser calificada como reservada, según las circunstancias propias de cada caso, es deber del juez de conocimiento realizar un juicio de valoración lo cual, en el caso concreto, se traduce en un análisis desde el respeto de los derechos fundamentales que este mecanismo protege».

«Sería del caso entrar a decidir el asunto de fondo, sin embargo, de conformidad con el recuento de las actuaciones judiciales adelantadas, se observa que, actualmente, se encuentra pendientes de resolución por parte de la subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitudes de adición y aclaración de la sentencia proferida, así como varios incidentes de nulidad propuestos, entre estos, aquel presentado por las mismas sociedades hoy accionantes», dice el fallo en poder de este diario.

«En concordancia con lo dicho, se recuerda que la existencia de un proceso judicial en curso hace que la tutela sea un mecanismo improcedente, pues en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto, y el juez constitucional de acción de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone», dice la decisión.

«En ese orden de ideas, las pretensiones de la presente acción resultan a todas luces improcedentes, ya que la autoridad judicial competente para decidir acerca de la presunta nulidad por falta de vinculación de las sociedades Janssen Cilag S.A. y otras, al proceso de insistencia iniciado por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, es el Tribunal accionado, quien se encuentra pendiente de decidir acerca de diferentes solicitudes elevadas por las partes».

Por esa razón, el fallo además ordenó «la medida cautelar decretada mediante auto del 28 de mayo de 2021″.

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