Avanza investigación por masacre de familia en el sur del Cauca

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Álvaro Narváez Daza había tenido que dejar su territorio a principios del año pasado a causa de amenazas de grupos armados ilegales.

“Yo trabajé el año pasado como enlace de víctimas y Álvaro me dijo que todo estaba complicado porque estaban pasando muchos grupos armados en ese corredor donde él vivía, que le estaban pidiendo vacunas y tenía que irse. Sin embargo, desconozco si puso la denuncia de manera formal. A las pocas semanas regresó y el tema quedo ahí”, contó Uber Castillo, miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano.

El líder campesino, desde hace cuatro años ejercía como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Vado, en el corregimiento de Mojarras en Mercaderes, sur del Cauca. Este año iba a haber cambio de Junta, pero por el tema del coronavirus, se aplazó y Narváez siguió en su cargo.

La mayoría de las personas que habitan en esta zona viven de la agricultura. Álvaro, junto a su familia, conformada por su esposa, sus hijos y sus nietos, cultivaban limón Tahití, producto que era su medio de subsistencia.

Otro tema que era del interés del agricultor era el de la defensa del agua, por eso en el mes de agosto del año pasado apoyó una consulta popular en defensa del recurso hídrico que se llevó a cabo en este municipio surcaucano.

Esta semana se encontraba gestionando con la administración municipal mercados para los habitantes de su vereda.

“Hace una semana estuvimos conversando sobre diversos temas como esos mercados para su vereda y un cajón que le había vendido para apicultura y no me habló en ningún momento de nuevas amenazas o intimidaciones, estaba normal”, agregó Castillo.

Lo mismo señaló Fernando Díaz, alcalde de Mercaderes. “Yo hablé con él para coordinar el tema de ayudas y no manifestó nada de amenazas. También hablé con personeros anteriores y tampoco me manifestaron que estuvieran al tanto de intimidaciones en contra de él”, dijo el mandatario.

En la noche de este miércoles 29 de abril, cerca de las 8:30 p. m., el dirigente; su esposa María Delia Daza Rodríguez; su hijo Cristian Narváez Daza; y su nieta, una menor de 15 años, fueron asesinados en su humilde vivienda ubicada a hora y media del casco urbano. Otro de sus hijos de 17 años, logró sobrevivir del ataque y fue trasladado a un centro asistencial.

El sur del Cauca en las últimas semanas ha estado envuelta entre la zozobra y el temor, tras intensos combates que se han venido presentando en municipios como Argelia y El Tambo. En medio de esas confrontaciones, se han denunciado saqueos, desplazamientos y asesinatos.

En menos de 10 días, en esta zona han sido asesinados cinco líderes.

El caso más reciente fue el de Floro Samboní Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Loma Larga Bajo en Almaguer, quien el pasado 24 de abril, hombres fuertemente armados ingresaron violentamente a su vivienda y lo asesinaron en presencia de su familia.

En esta misma región, este miércoles 20 integrantes de se rindieron y entregaron sus armas tras combates con el Ejército.

Naciones Unidas envió hace poco una alerta al Gobierno por la situación de inseguridad que siguen viviendo los defensores de derechos humanos en medio del aislamiento obligatorio que vive el país por cuenta del coronavirus.

“Los grupos armados parecen estar aprovechando el encierro de la mayoría de la población para expandir su presencia y control sobre el territorio”, dice el texto.

En lo que va del año, organizaciones sociales denuncian el asesinato de 16 líderes en todo el departamento.

Se desconocen las causas del asesinato del líder Álvaro Narváez y su familia, aunque autoridades investigan un panfleto firmado por un supuesto grupo guerrillero en el que lo acusan de ser informante de la disidencia de las Farc ‘Carlos Patiño’.

En la zona hay presencia y se disputan el control territorial, estructuras del Eln y Grupos Armados Residuales de las Farc.

La madre del menor sobreviviente a la masacre, quien se encuentra en Bogotá, ya se comunicó son su hijo, pero debido a la cuarentena y que no hay transporte público, aún se desconoce si podrán verse pronto.

Un grupo especial conformado por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)
, de la Fiscalía General de la Nación, fue designado para investigar este crimen que ha causado conmoción en esta población.


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